¿Cambios en la educación valenciana?

El modelo educativo de la Conselleria de Educación adolece de participación de la Comunidad Educativa

Fin de curso con elecciones generales como guinda del pastel. El “cambio” ha sido la palabra de moda y es mucho el revuelo causado por algunas medidas como la supresión de aulas en la concertada, pero otras vinculadas a la vida de los centros públicos, que tienen un impacto cotidiano y directo, no han tenido la misma repercusión. Tras la llegada al poder autonómico de la dupla Compromis-PSOE en junio de 2015 hubo una desmovilización de las plataformas educativas que denunciaban la corrupción del PP y la primacía de la educación concertada-privada sobre la pública, de los sindicatos más reivindicativos como el Stepv y de las distintas FAPA. La razón parecía clara porque estaba un marcha un Gobierno que cambiaría las cosas.

Entre las primeras medidas estuvo la ampliación de las becas de los comedores escolares y extender a los meses de septiembre y junio su funcionamiento para garantizar una mayor cobertura alimentaria a miles de niños y niñas, para atender la emergencia social que viven muchas familias y que fue muy aplaudida, entre otras cosas, porque desde el inicio de la crisis económica y con el aumento de familias en riesgo de pobreza y exclusión social, al anterior Gobierno autonómico del Partido Popular no se le ocurrió que fuera posible generar este tipo de políticas.

Luego decidieron crear aulas de dos años en los centros públicos, a las que se irán sumando otras de manera progresiva durante los próximos años. Otra medida calificada de positiva porque genera inclusión e igualdad de oportunidades para muchas familias que no pueden pagar las costosas guarderías municipales o privadas, o porque no cumplen con los requisitos para acceder a las becas.

Después llegó la beca de los libros, que consiste en otorgar 100 euros al inicio y otros 100 al final del curso, si los textos son devueltos tras su uso, en buenas condiciones. Una medida con tintes populistas y demagógicos, además de anacrónica por varias razones: por una parte, no toma en cuenta que algunas familias pueden pagar los libros de sus hijos e hijas, para ello se podría utilizar un baremo similar al que se usa para otorgar las becas de comedor; por otro lado, desde hace ya muchos años se habla de la sociedad informacional y de lo innecesario que es un libro de texto para el aprendizaje en esta sociedad, de hecho, con la actual concreción curricular es posible trabajar sin ellos, pero se necesita invertir mucho en la formación permanente del profesorado con un plan a largo plazo que cambie desde dentro la educación. 

La orden que regula los bancos de libros ha salido después de nueve meses de otorgadas las becas y ha creado más problemas, porque ahora los centros necesitan una estructura para su gestión con la que no cuentan, mientras que queda aún por definir qué es un libro en buenas condiciones, una tarea más para docentes y familias, que ya ha generado intensos debates. Sobre lo que aún no se genera debate es sobre la importancia de dejar atrás los libros de texto. Las editoriales sí que están contentas porque sus publicaciones quedan fuera de todo dilema.

Lo ocurrido con la medida de los bancos de libros es una muestra de que la diferencia en cómo se gestionan las cosas, gobierne quien gobierne, no cambia. La desmovilización de plataformas, sindicatos y FAPA dejó huérfana a la participación de la comunidad a la hora de tomar medidas de peso. Si gobierna el PP, se decide desde arriba, si gobierna el PSOE-Compromis, se sigue decidiendo desde arriba en contra de lo prometido, peor aún, se desarticula toda una red social que deja en evidencia el uso estrictamente político-partidista que tenía, probablemente porque algunos de sus líderes puede que estén ocupando cargos en el actual gobierno autonómico, una cosa legítima, y también porque el resto de sus miembros habrá pensado que ya no hay nada que hacer porque los buenos y las buenas pueden decidir por ellos.

Entonces han sido otros y otras quienes han tomado las calles tras el anuncio del Conseller de Educación, Vicent Marzà, de primar la educación pública por encima de la concertada-privada, un tema que muchos medios interpretaron como un “ataque a la concertada”, y que movilizó a familias y docentes por igual en ciudades como Valencia y Elche, escoltados por militantes y cargos del Partido Popular con Isabel Bonig a la cabeza, junto a la plataforma "Mesa por la Libertad". 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, hicieron campaña electoral con la concertada “por la libertad de elección de centros”, acusaron a Marzà y a Oltra de “generar conflictos donde no los había”. Este tema estuvo en la calle y en los medios desde un mes antes y durante la campaña a las generales. El Consell pudo plantear un debate con todas las implicadas: plataformas, sindicatos, FAPA, partidos políticos, asociaciones, dejando claro que la educación pública estaba en peligro, que el modelo de Novelda y Orihuela la ha hecho desaparecer progresivamente, pero con unas plataformas por la defensa de la enseñanza inactivas cualquier cosa que haya que defender no cuenta con una base social necesaria y no permite ver el problema de fondo: no se trata de concertada sí, concertada no, el problema real es el futuro de la educación pública. Lo otro que tampoco se pudo visibilizar fue la complejidad y características de determinados colegios concertados, aquellos que son Centros de Acción Educativa Singular. La movilización de la pública nunca ocurrió, un debate serio y amplio más allá de los medios, tampoco.

Las órdenes y normativas que se han emitido a lo largo de este primer año de gestión del PSOE-Compromis en educación han llegado con retraso y mal formuladas en muchos casos. Al banco de libros se suman la normativa sobre la jornada continua, que ha dejado para septiembre las votaciones en los centros para que las familias y/o tutores y tutoras decidan sobre si se aplica en su centro educativo. Las y los docentes han tenido un mes de junio movido con la cantidad de trámites burocráticos a los que deben hacer frente y todavía no está definido cómo iniciarán el próximo curso. Rotundo silencio desde los sindicatos progresistas y las plataformas.

Hay un dato curioso. En agosto del año 2015 se realizó una convocatoria para ubicar a casi 50 personas como “pensadores” de la actual política educativa. El mayor mérito era poseer el carnet del Partido Socialista y/o de Compromis, para ocupar las plazas que quedaban vacantes en los distintos Centros de Formación del Profesorado (Cefire), ya que los funcionarios que las ocupaban sin haber aprobado los concursos de mérito fueron enviados de vuelta a los centros a los que están adscritos. Estos “pensadores” no trabajaban desde los Cefire, les pagaban por “pensar” una política educativa que no termina de cuajar y que abunda en improvisaciones. El método caciquil sigue siendo el mismo. Para no perder la costumbre, ahora los “pensadores serán reubicados, a dedo, directamente en los Cefire. Rotundo silencio desde los sindicatos progresistas y las plataformas.

Si nos detenemos en el Plan de Atención para la Mejora, que sustituirá al Contrato Programa, documento que regula la implantación de programas de inclusión en los centros escolares, ha significado un verdadero retroceso y recuerda las propuestas de la LOGSE: mantener y potenciar políticas segregadoras que aumentan el fracaso escolar. En este punto debemos reconocer la labor que desde hace algunos años venía desarrollando el equipo de Escuela Inclusiva de la anterior administración, gestionado por Esther Roca y conformado por personas con una alta cualificación, la mayor parte de ellas “sin carnet” del Partido Popular, que potenció proyectos como el de las Comunidades de Aprendizaje que está dando sus frutos en doce centros de primaria, dos de secundaria y uno de educación especial en la Comunidad Valenciana, aparte de otros centenares en los que muchos y muchas docentes están aplicando Actuaciones Educativas de Éxito en sus aulas. Desde el pasado mes de febrero está listo el borrador de la normativa que regulará las Comunidades de Aprendizaje y la aplicación de Actuaciones Educativas de Éxito, pero la actual administración no se decide a publicarla y no se sabe si lo hará.  Rotundo silencio desde las FAPA, los sindicatos progresistas y las plataformas.

El caso de las Comunidades de Aprendizaje es tan emblemático, que cuando los “pensadores” preguntaron en la Junta de Andalucía por el modelo de Escuela Inclusiva que seguían, les respondieron que lo habían copiado de la Comunidad Valenciana, sí, el impulsado por el equipo técnico “sin carnet” mientras gobernaba el Partido Popular, aunque luego fueran los del “carnet del partido” quienes se llevaran los méritos. Algo similar ha pasado con la aplicación de las competencias clave y la formación en metodologías como el Aprendizaje Basado en Proyectos. Llamada a la Consejería de Educación de Andalucía que les puso en contacto con la misma gente que venía realizando este trabajo de formación con la anterior administración. El pez que se muerde la cola.

Hay más. El próximo curso nos encontraremos en los centros con una realidad: aquellos docentes que sean tutores, pero además tengan habilitaciones en Pedagogía Terapéutica PT y Audición y Lenguaje AL, deberán dedicar horas de su jornada a trabajar como especialistas en esas áreas. Su papel como “tutores” se reduce, ya que su atención no estará centrada únicamente en su alumnado de referencia, con todas las implicaciones que eso tendrá para la vida en las aulas. Como la mayor parte de las medidas que se han anunciado hasta ahora, todavía la normativa no está publicada y se desconoce de qué forma afectará a los especialistas de PT y AL adscritos a los diferentes centros, pero si todos aquellos tutores que tengan esas habilitaciones dedican horas a realizar el mismo trabajo, todo apunta a una más que probable reducción de personal. Rotundo silencio desde los sindicatos progresistas y las plataformas por la enseñanza pública para exigir que se aclaren las consecuencias de esta medida.

Ustedes dirán: “no todo ha sido malo”. Cierto, la actual Conselleria de Educación trabaja por mejorar la infraestructura: para retirar el amianto de todas las instalaciones educativas, para eliminar los barracones de la corrupción del Partido Popular y la trama de Ciegsa en la construcción de centros, cuyo sobrecoste se calcula en más de 1.030 millones de euros. También está claro que quieren primar la educación pública sobre la concertada-privada, pero tampoco podemos hablar de un “cambio” en la educación cuando la forma de hacer las cosas mantiene el estilo caciquil por encima de la vocación de servicio público en lo referido a la política educativa, con propuestas atemporales y con muy poco rigor técnico-científico. Se echa de menos la participación ciudadana en torno a las distintas plataformas de la educación pública tan activas en otros tiempos, porque es necesario fiscalizar al poder instituido lo detente quien lo detente. El diálogo y las interacciones son herramientas clave. ¿Comenzamos?